Francisco Rodríguez acaba de plantear en Foreign Affairs un “grand bargain” para Venezuela: una mecánica para compartir el poder que evitaría la aventura militar de Trump, la perpetuación del madurismo y la superación del interregno. La propuesta es interesante, pero inviable. Van mis razones.

La propuesta, en limpio

Rodríguez parte del reconocimiento de que la fantasía del ‘cambio de régimen’ desde el aire no es más que eso: fantasía. Lo dijimos desde el primer despacho de esta publicación: no hay experiencia histórica al respecto.

A partir de allí construye su entramado: usar la amenaza militar —a pesar de su limitada credibilidad— para forzar un pacto de coexistencia donde madurismo y oposición compartan el Estado durante 3 a 5 años mientras limpian la pocilga institucional, sueltan presos políticos, y reconstruyen la economía. Washington levantaría sanciones progresivamente a cambio de avances verificables y actuaría como garante de esta república de convivencia vigilada. Sería algo así como la 5ta República y media.

Rodríguez invoca las transiciones pactadas de Brasil, Uruguay, México: acuerdo de gobernabilidad sobre una desconfianza administrada para evitar la guerra en favor de un futuro común.

No veo que las condiciones mínimas para ese pacto existan.

El récord le hace sombra

Desde 2014 ha habido al menos seis rondas formales de negociación. UNASUR-Vaticano, Santo Domingo, Oslo-Barbados, México, Barbados otra vez: todas exhibiciones de la misma maroma. El madurismo negocia para ganar tiempo, dividir, desmovilizar, esperar cambios de clima internacional y, llegado el momento, patear la mesa. Lo hizo incluso cuando Rodríguez ayudó a elaborar un plan económico muy sensato que luego fue desechado olímpicamente por el madurismo.

El ejemplo más reciente fue Barbados 2023: el gobierno prometió elecciones competitivas y observación internacional; Estados Unidos aflojó sanciones; Maduro firmó. Después inhabilitó candidatos, montó un fraude monumental, y desató una represión modelo estalinista. ¿Y entonces? Nada. Hasta que llegaron los acorazados.

Rodríguez no incorpora este historial como objeción estructural. Simplemente asume que esta vez la amenaza militar cambia las reglas. Pero si la amenaza no es creíble, entonces, ¿qué cambia?. Es la misma rutina de siempre: dar vueltas—desgastar para seguir.

Los incentivos

El plan presupone que existe un punto medio entre quedarse con todo y perderlo todo. Pero los sistemas patrimoniales no funcionan así. Para la costra madurista, ceder poder no es un riesgo político: es una sentencia. Cárcel o exilio, cuando no algo peor.

Rodríguez propone que Maduro podría aceptar garantías: vida, bienes, retiro, pero olvida que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La Corte Penal Internacional ya tiene casos abiertos. Argentina también.

La oposición, ese otro agente del caos

Rodríguez también presupone que la oposición puede compartir poder con Maduro, contener sus pulsiones de revancha y mantener la unidad durante años de dinámica de negociación permanente. Esto exige un nivel de templanza que no aparece en la evidencia histórica. La escena —inolvidable— de aquella señora emperifollada aplaudiendo con fervor aristocrático mientras Carmona leía su autodecreto en el Salón Ayacucho sigue allí, como recordatorio incómodo de cierta pulsión autoritaria que nunca terminó de exorcizarse. Esa es la misma gente detrás de Edmundo y MCM.

La oposición venezolana sigue rota en tribus que fantasean con el “día después”, con la caída humillante del enemigo, con la restauración del viejo orden más que con la construcción de uno nuevo. Sus episodios insurreccionales —de abril a La Salida— dejaron al descubierto tentaciones que no se evaporan con comunicados ni asesorías internacionales. Queda esa sombra: una coalición que exige madurez institucional mientras lidia con su propia herencia de atajos y absolutos.

El propio Rodríguez concede que un presidente anti-chavista podría terminar convertido en reflejo de Maduro. Si ese desenlace es plausible —y lo es, mucho—, ¿con qué lógica asumimos que respetará las garantías institucionales de un pacto tan frágil? Las instituciones solo sirven cuando las partes acceden, voluntariamente, a ser restringidas por ellas. En Venezuela dejaron de ser árbitro hace más de una década: se han convertido en extensiones del poder, no en frenos a su abuso. Pedir que funcionen ahora como anclas de moderación es pedirle a quien incendió la casa que ahora pase a administrar los bomberos.

El garante que no existe

Todo pacto de esta magnitud necesita un vigilante con músculos. ¿Quién? ¿Estados Unidos? Volteemos a ver Kabul o Bagdad. Brasil, Colombia, México difícilmente se amarrarían a supervisar un proceso tan largo y tan tóxico. La ONU observa, exhorta y convoca paneles, escribe informes—coerción real, poca.

Y aun si alguien quisiera asumir ese rol, requeriría que las partes tengan poder equivalente, capacidad para castigarse mutuamente si el otro incumple. Esa simetría simplemente no existe. La oposición no controla territorio, instituciones ni armas. Depende de Washington como un paciente atado a un respirador.

¿Qué tendría que pasar para que funcionara?

Podemos especular —solo para acercar por qué no ocurre.

Haría falta:

1. Un rediseño internacional que permita amnistías condicionadas supervisadas por CPI, UE y EE.UU., bajo la doctrina de “paz sobre justicia”. Algo como lo que se hizo en Sudáfrica para superar el Apartheid.
2. Una oposición capaz de garantizar que no buscará venganza… lo cual implicaría cambiarle la cabeza a buena parte de su liderazgo.
3. Un consorcio de garantes dispuesto a permanecer años en Venezuela con apoyo de la ONU. No se vislumbra a nadie con semejante apetito.
4. Que el interregno se vuelva intolerable incluso para las élites del propio régimen.

Nada de esto está a la vista. Algunas cosas son improbables; otras, simplemente imposibles.

El equilibrio real

Lo que queda es el panorama que ya conocemos: un interregno estabilizado. Venezuela no es un Estado fuerte ni un Estado fallido; es un zombi que sigue caminando porque desmantelarlo cuesta más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Un sistema donde todos pierden algo, pero nadie pierde lo suficiente como para cambiarlo.

El plan de Rodríguez tiene valor intelectual. Imaginar rutas alternativas siempre sirve. Ofrece una visión, pero no necesariamente viabilidad histórica.

La verdad es que el madurismo no saldrá sin un acto de fuerza.

Estamos atrapados en una pausa prolongada, un limbo político que puede durar años o, quizás, romperse mañana por una variable imprevisible. Es póker, no ajedrez.

Las cartas visibles no anuncian una transición negociada. Anuncian continuidad. La ventana para ese tipo de solución, si alguna vez existió, se cerró desde las primarias opositoras.

Lo que queda es observar el interregno con cierta ironía y la serenidad de quien sabe que, por ahora, no hay desenlace sino repetición.